Río Negro cobrará los gastos de salud a conductores que provoquen choques alcoholizados
La provincia de Río Negro comenzará a aplicar una nueva ley que permitirá al Estado recuperar los gastos del sistema público de salud generados por siniestros viales provocados por conductores alcoholizados, bajo efectos de drogas o que hayan cometido infracciones graves.
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Fernando Frugoni, quien explicó en el programa “Mañanas en Red” que la norma ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo y que ahora resta su reglamentación, un proceso que demandará unos 60 días.
Según detalló el legislador, la medida funcionará de manera independiente a cualquier causa penal o civil que pueda surgir tras el accidente. El objetivo es que el Estado pueda recuperar por vía administrativa los costos generados por la asistencia médica y operativa.
“Todo el sistema de salud que se mueve alrededor de ese siniestro, tanto para atender al conductor responsable como a las víctimas, se le cobrará a quien provocó el hecho”, explicó.
La ley contempla casos en los que el conductor haya manejado bajo efectos del alcohol, drogas o cometido maniobras consideradas de extrema gravedad, como cruzar un semáforo en rojo.
Frugoni indicó que los costos incluirán combustible de ambulancias, horas de trabajo del personal médico y paramédico, además de los insumos utilizados tanto en el lugar del accidente como en los hospitales.
El diputado aclaró que no existe un monto fijo, ya que los valores dependen de distintos factores y de la actualización permanente de costos. Sin embargo, remarcó que las cifras “son bastante altas” y que la intención es generar también conciencia sobre las consecuencias económicas de manejar de manera irresponsable.
Respecto de los controles, señaló que los test de alcoholemia y drogas forman parte de los protocolos habituales en los siniestros viales. Incluso, sostuvo que si un conductor se niega a realizarse los estudios o abandona el lugar del hecho, la situación podrá tomarse como resultado positivo.
La ley establece además un orden de cobro. En primer término, el Estado buscará recuperar los gastos a través de la obra social del conductor responsable. Si eso no ocurre, avanzará contra el seguro y, finalmente, contra la persona involucrada.
Consultado sobre qué ocurrirá con quienes no tengan recursos económicos, Frugoni indicó que el Estado podrá recurrir a distintas herramientas legales, entre ellas embargos sobre bienes o salarios.
